La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) está nerviosa por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de paralizar las vistas contra tiendas de informática que no facturan el canon digital, hasta tanto no se pronuncie el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado.
La Audiencia tiene dudas sobre la idoneidad de cobrar el canon por copia privada a empresas, Administraciones y particulares que usen el soporte para realizar otro tipo de copias. Y en su providencia se pregunta si la aplicación en España del canon por copia privada a aparatos o materiales de reproducción digital «excede de lo que debiera ser una compensación equitativa por la limitación que supone el derecho de reproducción por copia privada».
En ayuda de los que están contra este gravamen ha acudido el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, que, en respuesta a una pregunta del eurodiputado español Raúl Romeda, ha subrayado que «solo deben gravarse con cánones los soportes y equipos que efectivamente se utilicen para hacer copias destinadas realmente a uso privado. La Comisión considera que los equipos utilizados con fines comerciales en empresas o en Administraciones públicas, no deberían gravarse con cánones». McCreevy añadía que «el canon sobre productos digitales implantado en España se aplica a soportes y aparatos sin hacer distinción entre los consumidores que se proponen utilizarlos para la reproducción de material protegido y los que no tienen tal propósito». Tan claro como el agua.
La Ley de Propiedad Intelectual garantiza a las entidades de gestión para este año un maná de 110 millones de euros, obtenidos de los cedés, deuvedés, teléfonos móviles, tarjetas de memoria USB, MP3, fotocopiadoras, escáneres, cámaras digitales. Según la asociación contra el canon, a causa de este, el precio del paquete de cien cedés vírgenes ha subido un 43,9 por ciento; el de diez deuvedés, un 41,6 por ciento, y las tarjetas de memoria para el ordenador, un 28,8 por ciento.
La Comisión Europea ha anunciado una revisión de las tarifas para armonizar el canon entre todos los miembros de la Unión. Parece lógico, como también resultaría de sentido común que el recaudador fuese una agencia estatal sometida a los controles del Tribunal de Cuentas, y no entidades de gestión que tienen todas las ventajas de las corporaciones privadas pero ninguno de sus inconvenientes, y todas las prebendas de las instituciones públicas, pero sin los controles del Estado. Vamos, como los gremios medievales.
Jorge Corral
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